Más allá de los temas que oficialistas y opositores busquen impartir en la agenda parlamentaria, la segunda mitad tradicionalmente representa el momento clave del año parlamentario. En el horizonte de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre asoman 2 nubarrones legislativos cuyo tratamiento es clave no sólo para el gobierno de turno, sino para todo argentino que se precie de tal.

El primero de los desafíos se llama Facultades Delgadas y ni siquiera los juristas más avezados en la cuestión se animan a asegurar la profundidad del precipicio que se esconde detrás estás dos palabras harto repetidas en los últimos días. El segundo desafío es nada más y nada menos que la Ley de leyes, el Presupuesto Nacional, que según estipula la Ley debe ser presentado por el Ministro de economía en la Cámara baja el 15 de septiembre.

Hasta aquí, la estrategia del oficialismo para enfrentar los embates opositores consistió en “atrincherarse y resistir” desde la disciplina de sus filas, demorando lo máximo posible el tratamiento de las iniciativas aún cuando el desenlace estuviese escrito. Los desafíos reseñados anteriormente obligan a los articuladores del bloque del Frente para la Victoria a estirar al máximo su capacidad de negociación saliendo de la trinchera para gestionar acuerdos.

En materia de facultades delegadas, ha habido avances con respecto a la situación de los últimos años. La labor de la comisión especial que estudió minuciosamente el laberinto de normas que entre 1853 y 1994 delegaron en el Poder Ejecutivo facultades propias del Congreso ha sido intachable, pero no deja de ser un estudio técnico sobre la cuestión.

El siguiente paso, el político, es el más difícil de dar y también el que trae aparejados mayores riesgos. Las conversaciones al interior del arco opositor para definir una estrategia han demostrado dos cosas: primero que hay varios legisladores de este espacio que en materia de facultades delegadas no ven más allá de las retenciones agropecuarias; y segundo, probablemente derivado de lo anterior, que al arco no kirchnerista le costará mucho superar el límite del fútil bloqueo de la prórroga en paquete de las facultades delegadas.

Cualquier observador desentendido de las líneas de oficialismo y oposición diría, con razón, que la solución más inteligente es ratificar cuanto menos la legislación delegante cuyo objeto no está en tela de juicio: ni el opositor más acérrimo objetará que el Poder Ejecutivo conserve la facultad de declarar la emergencia por aftosa, y este sólo uno de muchos ejemplos que podrían darse.

Y como en el entramado de normas que delegan facultades existe un número importante de herramientas de gestión que podrían sin problemas ser ratificadas, el riesgo de circunscribir el debate de las facultades delegadas a las retenciones es enorme. Significaría, nada más y nada menos, que el debate ingrese en el círculo vicioso en el que se mueven las relaciones entre el oficialismo y la oposición, echando por tierra el profuso trabajo de la comisión bicameral.

Otra variable que atenta contra las posibilidades de una resolución ecuánime de la cuestión es el tiempo. El 24 de agosto está cada vez más cerca de las narices de los legisladores y una decisión política apresurada también acarrearía grandes riesgos.

Por su parte, el oficialismo hasta el momento ha sido incapaz de hacer una propuesta razonable a la oposición. De hecho, los integrantes de la comisión bicameral quedaron sorprendidos al comprobar que los documentos de la Procuración del Tesoro y de la Secretaría Legal y Técnica (los dos pronunciamientos que llegaron desde el PEN) pedían ratificar un universo de 300 leyes que incluyen delegación de facultades

. ¿La sorpresa? Ambos universos de alrededor de 300 normas coinciden en apenas 50. El segundo de los temas, el Presupuesto 2011, no espera pronósticos más favorables. El oficialismo sabe que deberá sacar punta al lápiz si pretende aprobar la estimación de gastos y recursos para el año que viene. Materias como el tipo de cambio, el nivel de exportaciones, el presupuesto en materia de seguridad social serán puestos bajo la lupa opositora, que a diferencia de los últimos años, en este 2010 tiene capacidad de fuego.

Adicionalmente, un sector de la oposición buscará avanzar en un proyecto de Carrió que deroga la Ley de Emergencia Económica, cuya primera versión se sancionó en plena crisis en el año 2002 y fue prorrogada año tras año hasta la actualidad. En la última oportunidad el Gobierno, consiente de que venían tiempos difíciles, prorrogó por dos años la Ley, hasta el final del mandato de Cristina Kirchner.

De prosperar el proyecto de Carrió, el Poder Ejecutivo perdería una gran cantidad de facultades que el Congreso le delegó en plena crisis, entre las que se cuenta la renegociación de contratos con las privatizadas y el régimen cambiario.

En este contexto de fuerte tensión política, los costos de una imprudencia por parte de uno u otro espacio son altos. Lo que viene en la agenda parlamentaria obliga al oficialismo a negociar con franqueza y ecuanimidad, al tiempo que exige al núcleo duro opositor un comportamiento responsable que supere la lógica frívola del oposicionismo anodino. Todo un desafío.