El texto legislativo dispone que la comisión será integrada por seis senadores y seis diputados, que en un plazo de 90 días, prorrogable por única vez por igual período, tendrán como objetivo "el conocimiento, la investigación y el esclarecimiento de presuntas maniobras irregulares relacionadas con presentaciones anticipadas de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de productos agropecuarios sin que se haya acreditado la tenencia y/o adquisición de dicha mercadería, lo que generaría un importante perjuicio fiscal", según expresa el texto de la Ley.

Sin embargo, varias semanas han pasado ya desde ese día de agosto, y ninguna de las Cámaras ha hecho avances formales en la materia.

Agencia FOIA, consultó a Claudio Lozano (Proyecto Sur-CABA) acerca de su lectura del panorama político de esta comisión, en lo que hace a su conformación, posible funcionamiento y resultados esperables.

"Dejar estar" son las palabras que el diputado utiliza para describir la situación presente. "Cuando la Ley Martínez Raymonda es arreglada por Urquía –bajo venia del Poder Ejecutivo- en el Senado, ya denotaba que no había decisión política de cortar las maniobras por parte del Ejecutivo" sostuvo el economista.

El proyecto de Ley al que hace referencia, una iniciativa de Rafael Martínez Raymonda (PRO-CABA), procuraba obligar a las exportadoras a acreditar la adquisición de los cereales cuya venta se declarase con anterioridad al 9 de noviembre de 2007, a fin de evitar la defraudación fiscal. El texto, aprobado en Diputados, fue flexibilizado en la comisión de Presupuesto del Senado, que por entonces presidía el oficialista Roberto Urquía (FpV- Córdoba).

"Los cinco meses que tardó la reglamentación de esta Ley, más el no cierre de los registros de exportación, posibilitaron el negocio a las cerealeras" afirma Lozano, quien calcula que son 1200 millones de dólares lo que las exportadoras dejaron de tributar al fisco por haber declarado grandes volúmenes de ventas a valor retenciones del mes de octubre de 2007, mientras que cuando, con posterioridad, efectivizaron las compras a los productores agropecuarios, estos sufrieron deducciones del 35, 44 ó aún mayores porcentuales.

"Creo que fue más de lo que denuncié -argumenta Lozano, haciendo referencia a sus exposiciones durante el debate de la 125 en el Congreso- pero sólo puedo denunciar lo que puedo demostrar, no basándome en lo que yo creo". El diputado afirma que en junio de 2008, el ONCAA (Oficina Nacional de Control del Comercio Agropecuario) reconoce ante los diputados que este mecanismo de declaraciones anticipadas existió, y que hubo defraudación al fisco, pero por 600 millones de dólares: "No tiene en cuenta los embarques de las aceiteras. Todavía buscaban tener el voto de Urquía".

Cuando el empresario agropecuario y aceitero vota por la negativa al proyecto de Ley que ratificaba la resolución 125 (de retenciones móviles) "se viene la vendetta sobre Urquía. Pichetto instala la comisión investigadora. Eso ya da muestras de que la intención no es la real investigación" sostiene Lozano.

"Si la comisión investigadora va a actuar sobre lo ya demostrado, sólo tendría que apuntar a cuestiones de responsabilidad política: del senador Urquía y el Secretario de Agricultura, entre otros" reflexiona el diputado, mientras recuerda que con posterioridad a la noche del voto no positivo del vicepresidente, pero también del dueño de la Aceitera General Deheza, el ONCAA reconoció los 1200 millones de dólares de defraudación fiscal que él denunciaba desde hace meses.

Pero Claudio Lozano no se conforma con esto. Tiene mucho más que decir.

"Cuando las exportadoras cerraron las ventas anticipadas, la soja valía 320 dólares la tonelada. Cuando tuvieron que efectivizar la compra en el mercado interno, las cotizaciones se habían disparado. Se rompió el negocio, y acudieron al Estado. El Gobierno les dio una respuesta con la 125, para que el peso de esta diferencia recaiga en el productor".

"La 125 nació para cubrirle el defasaje a las cerealeras. Esta es mi gran hipótesis" defiende Lozano. "Para demostrarlo, necesito los libros de exportaciones abiertos a la investigación".

"Abonar las retenciones presentes sobre el precio pasado" es, según Lozano, la pena que debería recaer sobre los exportadores. "Lo de las cerealeras está demostrado. Ahora falta que el Estado demande a las cerealeras".

En la perspectiva del economista, la comisión investigadora debería dirigir sus esfuerzos a dilucidar esa relación de connivencia entre el Estado y los grupos exportadores. Es por ello que va a intentar ser parte de esta bicameral, aunque formalmente los números no le den.

Por reglamento, son los tres bloques con mayor representación en cada Cámara los que nombrarán sus delegados en esa instancia. Lozano, por su parte, ni bien la Ley fue sancionada solicitó a los jefes políticos de las diferentes bancadas su espacio en la comisión. "Por haber denunciado el tema, por haber pedido la comisión, creo que me corresponde" concluye.

La comisión investigadora, al día de hoy.

En los pasillos del Senado se rumoreaba que la Comisión bicameral podría activarse una vez que se haya sancionado la movilidad jubilatoria, lo que ocurrió hace varias semanas. Pero los niveles de actividad parlamentaria han pospuesto una y otra vez este compromiso.

También se rumorean algunos nombres acordados entre los principales bloques para su integración. Pesos pesados del oficialismo como Miguel Ángel Pichetto (Río Negro), Fabián Ríos (Corrientes) y Nicolás Fernández (Santa Cruz), y de la oposición, Gerardo Morales (Jujuy) y Ernesto Sanz (Mendoza) se incluían en ese listado. Queda vacante un lugar para la tercera fuerza parlamentaria: el FREJULI de Rodríguez Saa.

En Diputados, la situación es la misma: hay versiones trascendidas que todavía no se confirman con hechos. El cegetista Héctor Recalde (Buenos Aires) y Luis Cigogna (Buenos Aires) podrían ser dos de los tres delegados del oficialismo. Pedro Azcoiti (Buenos Aires) y Pedro Morini (Santa Fe) fueron confirmados por el jefe radical Oscar Aguad como los representantes de su bloque, mientras que la Coalición Cívica impulsa a Susana García (Santa Fe). Queda pendiente el asiento (o no) para Claudio Lozano.

Una vez que estas listas se oficialicen y se comuniquen a la Presidencia de ambas Cámaras, éstas emitirán un comunicado interno por el cuál se dispone la efectiva constitución de la comisión. Lo que pase después, es parte de otra historia.